BARCELONA. La nueva Ley catalana de iniciativas legislativas populares (ILP) ha disparado el número de textos presentados por los catalanes, ya que desde 2006 -cuando se aprobó la nueva normativa- hasta ahora se han aprobado tantas iniciativas de este tipo, siete, como desde 1995 a 2006. La nueva ley rebaja el número de firmas requeridas y amplía el plazo de recogida, informa Efe. De las propuestas aceptadas en ese primer periodo, tres se convirtieron en ley: la de apoyo a las selecciones catalanas, la reguladora de la incineración de residuos y la que pedía crear 30.000 plazas de guardería. La primera de ellas fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del PP, la segunda salió adelante, pero sus promotores acusaron a algunos partidos de desvirtuar su propuesta original y, sobre la tercera, hay amplios sectores sociales que cuestionan su cumplimiento.
Las dos primeras leyes fueron aprobadas durante el período de gobierno de CiU, y la tercera durante la etapa de gobierno del primer tripartito, presidido por Pasqual Maragall. El punto de inflexión que, según fuentes parlamentarias ha facilitado que se presenten más ILP, ha sido la modificación de la ley en 2006.
La nueva ley rebajó de 18 a 16 años la edad mínima necesaria para impulsar estas propuestas legislativas ciudadanas, disminuyó el número de firmas exigidas de 65.000 a 50.000 y aumentó el plazo de recogida de las mismas de 90 a 120 días. El incremento de información y el reparto de modelos de impresos entre asociaciones y ONG también ha favorecido que se publicite más la ley y que la población haga uso de este instrumento, según fuentes parlamentarias.
Con la nueva ley ha llegado al Parlament un conjunto de propuestas ciudadanas que reclaman medidas urgentes para acceder a la vivienda, otra que pretendía prohibir el cultivo de productos agrícolas modificados genéticamente y una de atención a la fibromialgia que pactó con los grupos.
Sin embargo, dos de estas iniciativas legislativas populares no fueron admitidas a trámite por el Parlament: la ILP de proyecto de constitución de Cataluña y otra reguladora de la soberanía nacional. Estas dos iniciativas no fueron admitidas porque «chocaban frontalmente con la Constitución y con el Estatut». La ley recoge que las cuestiones presupuestarias, cuyo objeto no sea competencia de la Generalitat o sean contrarias al Estatut o a la Constitución no pueden ser admitidas a trámite por la Cámara catalana.
La última iniciativa popular admitida es la polémica propuesta de prohibir en Cataluña «las corridas de toros y los espectáculos de toros que incluyan la muerte del animal».
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