El 14 de marzo de 2007 falleció en el Hospital San Juan de Dios de Granada Inmaculada Echevarría, una paciente granadina de 51 años que llevaba más de 20 postrada en cama a consecuencia de una distrofia muscular.
Después de ser trasladada del Hospital San Rafael, gestionada por una orden religiosa, cumplió su deseo de ser desconectada del respirador artificial que la mantenía con vida. «No queremos saber absolutamente nada». Desde Zaragoza la familia del hijo biológico de Inmaculada Echevarría zanjó así la posibilidad de que este periódico se comunicara para hablar sobre la ley para la «muerte digna» en Andalucía con la persona que en octubre de 2006 intentó evitar infructuosamente que su madre cumpliera su deseo de desconectarse de la ventilación asistida que la mantenía con vida en un centro hospitalario de Granada.
Entonces, el hijo de Inmaculada dijo respetar pero no compartir la decisión adoptada por su madre biológica, a la que visitó cuando supo que pretendía acabar con su vida a causa de la enfermedad degenerativa que la había dejado postrada y conectada a un aparato mecánico en el hospital de San Rafael.
En su afán de ayudarla el hijo de Inmaculada, que tiene ahora 28 años, pretendió incluso trasladar a su madre a un hospital de Zaragoza para tenerla cerca. La mujer había dado a su hijo en adopción por amor al crío, para que otra familia le proporcionara una vida mejor que la que ella le daría, dada su falta de recursos económicos.
Inmaculada Echevarría tenía en su momento la autorización del Comité Ético de la Junta de Andalucía y del Consejo Consultivo Andaluz para que se cumpliera su deseo de morir. Las autoridades encuadraron su caso en la limitación de esfuerzo terapéutico, y no en la eutanasia.
Dudas jurídicas y médicas
Sin embargo, la muerte de Inmaculada Echevarría planteó serias dudas jurídicas y médicas. Frente a quienes sostienen que el derecho a la vida es lo primero, y que los profesionales sanitarios están en la obligación de que se cumpla, otros entienden que el paciente tiene la potestad de decidir libremente su tratamiento después de recibir la información adecuada.
La Junta de Andalucía sostuvo siempre que su obligación era garantizar el cumplimiento de la petición del paciente, que estuvo siempre atendida por el mismo equipo médico, tanto en uno como en otro hospital. Sufría distrofia muscular desde los 11 años, y según declaró, desde los 29 años tenía claro que quería morir, aunque fue el 29 de noviembre de 2006 cuando cursó la petición.
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